Archivo para 25 enero 2012

LA REVOLUCIÓN CÍVICA

Espero que cualquiera acepte pacíficamente – nunca mejor dicho – que ya no es momento histórico de cortar cabezas. No obstante, sigo pensando que, probablemente, la mayor debilidad estructural de la democracia española proviene de que ni se cimenta ni tiene como antecedente una revolución en que los que han abusado de su poder hayan respondido de ello ante la sociedad: https://escritodesdelastripas.wordpress.com/2011/06/24/tempus-regit-actum/ . De la misma forma que se puede – aunque sea mucho más costoso – insonorizar una casa después de construida, ¿sería factible superar esa asignatura pendiente de la revolución sin el trauma que supone desbordar el cauce democrático? Y si es posible, ¿cuál sería la forma de esa “revolución civilizada”?

El propio término “civilizado” nos revela su parentesco inmediato con el latín “civitas”, ciudad, núcleo de la convivencia social y centro del que emanaban las más importantes realizaciones de la colectividad, entre ellas el Derecho. En Roma, el “ius civile” era el Derecho nacido de y aplicado a los ciudadanos romanos. En esa línea de asociación, ¿podría el Derecho ofrecer una salida a la demanda social de responsabilidad de los poderes públicos?

Partamos de dos datos normativos: el artículo 9.1 de la Constitución consagra la sujeción de los poderes públicos a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por otra parte, el artículo 67.2 de nuestra Carta Magna establece que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.” Dicho en román paladín, eso significa que nuestros diputados y senadores llegan a las cámaras con un “poder de representación” del pueblo, pero no sujetos por un mandato del mismo que los obligue a ejecutar unas instrucciones concretas – un ejemplo que puede resultar ilustrativo es el de un empleado de una empresa que tiene poderes para hacer compras en nombre de aquélla (poder), pero que se cuidará mucho de hacerlo sin que se lo ordene su jefe (mandato, que puede ser más o menos amplio).

Desde el punto de vista de la falta de mandato, no parece posible hablar de ninguna clase de contrato entre el pueblo y sus representantes – ya con ocasión de una demanda planteada por el ingreso de España en la OTAN, pese a la promesa electoral del PSOE en contrario, un juez dictaminó que tales promesas, aun aceptadas por los electores mediante el voto, no constituyen un contrato fuente de derechos que puedan ser reclamados ante los tribunales -. A pesar de ello, pienso que tal vez el derecho civil siga poseyendo algo de su energía ancestral y aún nos pueda proporcionar herramientas que ayuden al ciudadano a reaccionar contra determinadas decisiones del poder político. Estamos hablando de decisiones de carácter político capaces de causar daño, y mucho, pero donde tal vez no es fácil identificar  concretas infracciones de normas que permitan acudir a un recurso contencioso-administrativo, y no digamos a una acción ante la jurisdicción penal. Por otro lado, en los casos en que se obtiene tutela ante el orden contencioso-administrativo de los tribunales, la reparación suele llegar muy tarde, y es siempre a costa del erario público, por lo que el gobernante responsable ni se inmuta – utilizaré en adelante el término “gobernante” en el sentido amplio de persona con responsabilidad política en la gestión de lo público -.

Como ejemplo de lo dicho me vienen a la cabeza dos noticias recientes:

a)      Se suspenden clases en el IES Serra Mariola de Muro de Alcoy por el frío – http://iniciativadebate.wordpress.com/2012/01/23/se-suspenden-clases-en-el-ies-serra-mariola-de-muro-de-alcoy-por-el-frio-estado-2-0/

 b)      “…Mención aparte merecen los aeropuertos impulsados por comunidades autónomas, ayuntamientos, cajas de ahorros o inversión privada. El de Ciudad Real, apoyado por el Gobierno socialista castellanomanchego y cerrado en octubre por falta de fondos, anunció la semana pasada un ERE para casi toda la plantilla. El de Castellón, fomentado a su vez por los populares valencianos e inaugurado en marzo de 2011, no ha conseguido aún la licencia para operar, y ha supuesto un gasto millonario en infraestructuras a las arcas públicas..” – http://estaticos.20minutos.es/edicionimpresa/madrid/12/01/MADR_24_01_12.pdf

Ante hechos de esta naturaleza, ¿podrían, por ejemplo, los alumnos del IES de Muro de Alcoy reclamar personalmente una indemnización al gobernante responsable de que se hayan destinado recursos a un aeropuerto ruinoso en perjuicio de la calefacción de un centro educativo (suponiendo que hubiera un responsable común de ambas situaciones, claro)?

Nuestro Código civil describe básicamente la esencia de la gestión de negocios sin mandato en su artículo 1.888. Presupone su existencia cuando alguien “se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, sin mandato de éste”. En definitiva, se trata de alguien que interviene “motu proprio” en asuntos ajenos, de los que el interesado no puede ocuparse en ese momento, para evitar un perjuicio a éste. Como características de esta figura destaca que la actuación del gestor debe ser voluntaria, espontánea, lícita, útil y desinteresada. ¿No se corresponden todos estos requisitos con los que debiera tener la actuación de un político que se hace cargo de responsabilidades de gobierno en cualquier nivel? ¿No se presenta el político a las elecciones de forma voluntaria, pensando que la situación de la cosa pública justifica su intervención en la esfera ajena de las vidas de sus conciudadanos? ¿No debería caracterizarse su intervención por ser lícita, útil y desinteresada? Admito que el requisito de la espontaneidad no deja de plantear ciertos problemas, porque en el ámbito del Código aquélla supone que la entrada en escena del gestor tiene lugar sin encontrarse obligado a ello – lo cual sí es el caso del político – y sin estar autorizado por el dueño del negocio de que se trate, lo cual no lo es tan claramente. Ahora bien, sabemos que, por imperativo constitucional, no existe relación de mandato entre los electores y el elegido, por lo que aquél no está sujeto a ninguna instrucción por parte de éste; tampoco podría, dado el carácter imprevisible de muchos de los acaecimientos que tienen lugar en la vida pública. Además, sabemos que las listas electorales cerradas y bloqueadas difuminan mucho la voluntariedad en la elección de los representantes populares, a excepción, si acaso, del cabeza de lista. Finalmente, hay que tener en cuenta que muchos cargos con responsabilidades políticas no son elegidos directamente por el pueblo. Por tanto, pienso que estas consideraciones aproximan mucho al gobernante a la figura del gestor “espontáneo” que contempla el Código civil y, en cualquier caso, la brecha entre ambas bien pudiera superarse por medio del recurso a la aplicación analógica de las normas que regulan la gestión de negocios ajenos. Otro tanto cabría decir del requisito de que la actuación del gestor sea “desinteresada”, pues para el Código civil el mismo no impide que aquél sea compensado por los daños y perjuicios sufridos en el desempeño de su función, criterio que podría aplicarse igualmente a las retribuciones de los gobernantes, que no viven del aire, ni se pretende, por más que, en un mundo ideal, deberían guiar su actuación por el desinterés personal.

Lo destacable de todo esto es que el Código civil establece – artículo 1.889 – un deber de diligencia en el gestor de negocios ajenos y dispone que su infracción determinará que aquél deba “indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione”. Quizás más destacable aún es la responsabilidad agravada que establece el Código en dos supuestos: cuando el gestor llevase a cabo operaciones arriesgadas que el dueño no tuviese costumbre de hacer y cuando el gestor posponga el interés del dueño al lucro o provecho propio. En tales casos, el gestor responderá ante el dueño incluso por caso fortuito, es decir, incluso por los daños se hayan producido sin culpa por su parte.

¿Podrían los ciudadanos reclamar ante los tribunales ordinarios la aplicación de estas consecuencias legales a los responsables que con sus decisiones políticas les hubieran causado daños verificables? Soy el primero en reconocer los problemas teóricos y prácticos de la aplicación de esta figura, con origen en el Derecho privado, a la gestión de los gobernantes. Pero, a la vez, cuanto más pienso en ella más proximidad encuentro entre las características que debiera tener la motivación y la actuación de un político y aquéllas en las que el Código enmarca la actuación del que se “tira al agua” por iniciativa propia – o por vocación – en beneficio de otro. 

Supongamos ahora que se nos responde que el esquema propuesto no encaja con la realidad de la gestión de gobierno porque a) no es espontánea, ya que si el político gobierna es porque el pueblo lo pone ahí  para que lo haga y b) no es desinteresada, por cuanto la política es, conforme a la realidad social actual, una actividad profesional remunerada. Pues bien, hemos considerado más arriba la dificultad de atacar jurídicamente determinadas situaciones por la vía de lo contencioso-administrativo, y más aún de lo penal, cuando, pese a su resultado dañoso, no es posible señalar el incumplimiento de normas concretas en una determinada actuación. Sin embargo, el Código civil establece una obligación genérica de no dañar a los demás, y sobre ella se construye el mecanismo de la responsabilidad extracontractual previsto en sus artículos 1.902 y siguientes. La nota característica de la responsabilidad extracontractual es la obligación de reparación que pesa sobre cualquiera que cause un daño a otro, aunque no exista relación jurídica alguna entre el autor del daño y la víctima del mismo – por ejemplo, una maceta de “A” cae sobre el coche aparcado en la acera, propiedad de “B”, al que no conoce de nada -. A tenor de ello, parece claro que cuanto más se esfuerce uno en alejar al gobernante de la relación contractual con el gobernado, y de las consiguientes obligaciones que dimanarían de la misma, más se atrae a aquél a la esfera de la responsabilidad extracontractual. Piénsese, a mayor abundamiento, que la responsabilidad extracontractual “no deriva en sí misma del acto o de la omisión (que abstractamente considerados, pueden ser perfectamente lícitos y conformes con el ordenamiento jurídico), sino de las consecuencias dañosas que, por culpa o negligencia del sujeto actuante, generan en un tercero”*. Y, por último, hay que tener en cuenta que ya hace décadas que los tribunales han desplazado el acento de la obligación de reparar, de la actuación negligente del causante del daño, al derecho a ser protegido que se reconoce a la víctima, más aún cuando en relación con actividades que conllevan un cierto nivel de riesgo para la colectividad, a la vez que procuran un beneficio al que las realiza. En tales casos, los tribunales establecen la obligación de reparar el daño de forma objetiva, haya habido o no culpa y, cuando menos, se tiende a establecer la llamada inversión de la carga de la prueba, conforme a la cual es el que aparece como causante del daño el que debe probar que actuó diligentemente, si no quiere soportar la obligación de repararlo. Dicho esto, ¿alguien negará que la gestión de lo público, además de posibles beneficios, comporta graves riesgos para la colectividad? Por mucho menos cualquier Ayuntamiento pide cuantiosos avales al concesionario de cualquier servicio público concreto. ¿Alguien pondrá en duda, aun con la interpretación más benévola de la afirmación que sigue, que el político se beneficia de su actividad – siquiera como actividad profesional, igual que la de un electricista o un ingeniero -?

Estamos asistiendo a un empeoramiento diario de cualquier actividad pública de carácter prestacional, desde la educación a la sanidad, pasando por la limpieza de las calles, ello unido a la subida de impuestos, la reducción del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, del desempleo y del salario mínimo interprofesional, y a una presión “de facto” en el ámbito laboral, que en muchos casos lleva a una reducción salarial; en definitiva, a la imposición de importantes sacrificios a la mayoría de los ciudadanos. Mientras esto ocurre, nuestros gobernantes mantienen la infamia de las pensiones vitalicias de diputados y senadores, igual que las indemnizaciones de altos cargos – que siguen cobrando aunque empiecen a trabajar al día siguiente de cesar en sus puestos -. Añádase a esto las subvenciones a partidos y sindicatos, la exención del IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica – sí, lo sé, dicha exención deriva de unos acuerdos con la Santa Sede en materia económica, pero los acuerdos se renegocian y, además, la Santa Sede, en su infinita bondad y misericordia, lo entendería, seguro -, la aparente indolencia en la persecución del fraude fiscal, según de quién, la creación de infraestructuras faraónicas de rentabilidad dudosa, en el mejor de los casos, por no hablar de la ligereza con que se “inyecta liquidez” en bancos y cajas sin tomarse la molestia de obligarlas a, al menos, no aumentar los cuantiosos salarios de sus altos directivos. De todo esto, lo más suave que puede decirse es que estamos padeciendo una gestión política gravemente negligente; vamos, claro que me quedo corto, es que lo que estamos viviendo es indecente, repugnante… Si nos atenemos a la regulación legal que estableció el Código civil hace más de 100 años, pensando en las relaciones privadas entre los ciudadanos, ¿no estaríamos en un claro supuesto de responsabilidad del que, pudiendo evitarlo, mantiene un bodrio semejante? Pues, ¿por qué no tratar de exigirla a nuestros gobernantes actuales o pasados? Sí, encontrar perjudicados no es difícil, podríamos traer a colación aquella película de Bogart “Llamad a cualquier puerta”, pero además habría que dirigirse contra un  político responsable de varias de estas cosas a la vez, lo cual no es tan fácil porque en España el poder está muy descentralizado; también habría que probar la relación de causalidad entre las acciones u omisiones de ese Sr. y el daño concreto producido, lo cual tampoco es así de simple, porque hay una crisis mundial de por medio que podría romper cualquier hipotético nexo causal. No, no es fácil, pero, ¿se perdería mucho por intentarlo colectivamente, a través de una o varias asociaciones de perjudicados creadas al efecto? No, no es fácil, pero una acción así nos daría la medida del sistema en que vivimos. Probablemente nos iríamos a casa con el rabo entre las piernas, sin reconocimiento ni indemnización de ninguna clase, pero al menos sin engaño: el sistema habría tenido que dar la cara “descaradamente” y habríamos podido comprobar lo que dan de sí nuestras leyes y los jueces que las interpretan y aplican.

Dicen que una de las principales razones que impulsaron la celebración del proceso de Nürenberg tras la Segunda Guerra Mundial fue dar a conocer al mundo, a través de éste, las atrocidades del régimen de Hitler. Valdría la pena, al menos, estudiar la posibilidad de demandar a nuestros gobernantes. En España hay muchos juristas y economistas brillantes y comprometidos. Independientemente del resultado, semejante proceso nos traería una mayor comprensión de lo ocurrido en estos últimos años y de sus consecuencias y, lo que es más importante, la conciencia de los riesgos que estaremos afrontando si continuamos como hasta ahora. A lo mejor la chispa de nuestra revolución pendiente podría prender en una sala de justicia; tal vez en una sala de justicia civil, para mayor sorpresa, donde se debatiría la responsabilidad del poder, no ya con su sangre, como antaño, sino con su dinero. Puede que ahí se encontrara el auténtico espíritu liberal, el poder que encierra la iniciativa privada de los ciudadanos frente al Estado, persiguiendo un objetivo tan individualista como solidario.

* Carlos Lasarte. Fundamentos de Derecho civil II. Derecho de obligaciones.

Foto: http://www.google.es/imgres?q=saturno+devorando+a+sus+hijos&hl=es&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c8kx7MYls8Y2xM:&imgrefurl=http://montequin.wordpress.com/2011/03/14/i-want-you-bad/&docid=pwvnLLoCOR_COM&imgurl=http://montequin.files.wordpress.com/2011/03/saturno-devorando-a-su-hijo-de-goya.jpg&w=313&h=480&ei=XS0gT8CpI4arsAaq4YimDA&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=174&dur=78&hovh=278&hovw=181&tx=95&ty=305&sig=111511952566234037211&page=1&tbnh=153&tbnw=96&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:0

PIANO MAN

“Piano man” siempre me ha puesto la carne de gallina. Desafía a la lógica cómo puede cantar tan amargamente al fracaso y, a la vez, ser tan suave y tan dulce. 

Sin dudarlo, me dice un amigo que es de esas canciones que “nos han ayudado a vivir”, y esa frase sale como un disparo certero: el dardo de su intuición ha hecho blanco en el centro de la diana y ha destapado en mí una chispa de conciencia sobre la música.

A diferencia de Freud, Jung consideraba que el inconsciente individual es en realidad la puerta de entrada al sótano aún más profundo del inconsciente colectivo, integrado por arquetipos. Éstos son patrones de percepción de la realidad y de respuesta a la misma. Tales patrones, verdaderos “ladrillos” de la psique, recogen la esencia del conjunto de vivencias que han permitido a la especie humana adaptarse a su entorno a lo largo de su historia. También apartándose del que fuera su maestro, Jung consideraba que la función del inconsciente individual es conectar con dichos arquetipos y traernos, en su lenguaje simbólico, los mensajes que nos orientan en cada momento a través de nuestro proceso de individuación, mensajes que no son reductibles al limitado ámbito de la razón.

Desde ese punto de vista, huelga tratar de explicar por qué algunas canciones nos han ayudado a vivir; ellas mismas son autoexplicativas.

Y después de este previo, sugiero olvidar a Jung y disfrutar de Billy Joel. Si Jung estuviera aquí no me cabe duda de que recomendaría lo mismo.


Una frase:

"El tiempo es lo que impide que todo suceda de golpe."

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