LA REVOLUCIÓN CÍVICA

Espero que cualquiera acepte pacíficamente – nunca mejor dicho – que ya no es momento histórico de cortar cabezas. No obstante, sigo pensando que, probablemente, la mayor debilidad estructural de la democracia española proviene de que ni se cimenta ni tiene como antecedente una revolución en que los que han abusado de su poder hayan respondido de ello ante la sociedad: https://escritodesdelastripas.wordpress.com/2011/06/24/tempus-regit-actum/ . De la misma forma que se puede – aunque sea mucho más costoso – insonorizar una casa después de construida, ¿sería factible superar esa asignatura pendiente de la revolución sin el trauma que supone desbordar el cauce democrático? Y si es posible, ¿cuál sería la forma de esa “revolución civilizada”?

El propio término “civilizado” nos revela su parentesco inmediato con el latín “civitas”, ciudad, núcleo de la convivencia social y centro del que emanaban las más importantes realizaciones de la colectividad, entre ellas el Derecho. En Roma, el “ius civile” era el Derecho nacido de y aplicado a los ciudadanos romanos. En esa línea de asociación, ¿podría el Derecho ofrecer una salida a la demanda social de responsabilidad de los poderes públicos?

Partamos de dos datos normativos: el artículo 9.1 de la Constitución consagra la sujeción de los poderes públicos a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por otra parte, el artículo 67.2 de nuestra Carta Magna establece que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.” Dicho en román paladín, eso significa que nuestros diputados y senadores llegan a las cámaras con un “poder de representación” del pueblo, pero no sujetos por un mandato del mismo que los obligue a ejecutar unas instrucciones concretas – un ejemplo que puede resultar ilustrativo es el de un empleado de una empresa que tiene poderes para hacer compras en nombre de aquélla (poder), pero que se cuidará mucho de hacerlo sin que se lo ordene su jefe (mandato, que puede ser más o menos amplio).

Desde el punto de vista de la falta de mandato, no parece posible hablar de ninguna clase de contrato entre el pueblo y sus representantes – ya con ocasión de una demanda planteada por el ingreso de España en la OTAN, pese a la promesa electoral del PSOE en contrario, un juez dictaminó que tales promesas, aun aceptadas por los electores mediante el voto, no constituyen un contrato fuente de derechos que puedan ser reclamados ante los tribunales -. A pesar de ello, pienso que tal vez el derecho civil siga poseyendo algo de su energía ancestral y aún nos pueda proporcionar herramientas que ayuden al ciudadano a reaccionar contra determinadas decisiones del poder político. Estamos hablando de decisiones de carácter político capaces de causar daño, y mucho, pero donde tal vez no es fácil identificar  concretas infracciones de normas que permitan acudir a un recurso contencioso-administrativo, y no digamos a una acción ante la jurisdicción penal. Por otro lado, en los casos en que se obtiene tutela ante el orden contencioso-administrativo de los tribunales, la reparación suele llegar muy tarde, y es siempre a costa del erario público, por lo que el gobernante responsable ni se inmuta – utilizaré en adelante el término “gobernante” en el sentido amplio de persona con responsabilidad política en la gestión de lo público -.

Como ejemplo de lo dicho me vienen a la cabeza dos noticias recientes:

a)      Se suspenden clases en el IES Serra Mariola de Muro de Alcoy por el frío – http://iniciativadebate.wordpress.com/2012/01/23/se-suspenden-clases-en-el-ies-serra-mariola-de-muro-de-alcoy-por-el-frio-estado-2-0/

 b)      “…Mención aparte merecen los aeropuertos impulsados por comunidades autónomas, ayuntamientos, cajas de ahorros o inversión privada. El de Ciudad Real, apoyado por el Gobierno socialista castellanomanchego y cerrado en octubre por falta de fondos, anunció la semana pasada un ERE para casi toda la plantilla. El de Castellón, fomentado a su vez por los populares valencianos e inaugurado en marzo de 2011, no ha conseguido aún la licencia para operar, y ha supuesto un gasto millonario en infraestructuras a las arcas públicas..” – http://estaticos.20minutos.es/edicionimpresa/madrid/12/01/MADR_24_01_12.pdf

Ante hechos de esta naturaleza, ¿podrían, por ejemplo, los alumnos del IES de Muro de Alcoy reclamar personalmente una indemnización al gobernante responsable de que se hayan destinado recursos a un aeropuerto ruinoso en perjuicio de la calefacción de un centro educativo (suponiendo que hubiera un responsable común de ambas situaciones, claro)?

Nuestro Código civil describe básicamente la esencia de la gestión de negocios sin mandato en su artículo 1.888. Presupone su existencia cuando alguien “se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, sin mandato de éste”. En definitiva, se trata de alguien que interviene “motu proprio” en asuntos ajenos, de los que el interesado no puede ocuparse en ese momento, para evitar un perjuicio a éste. Como características de esta figura destaca que la actuación del gestor debe ser voluntaria, espontánea, lícita, útil y desinteresada. ¿No se corresponden todos estos requisitos con los que debiera tener la actuación de un político que se hace cargo de responsabilidades de gobierno en cualquier nivel? ¿No se presenta el político a las elecciones de forma voluntaria, pensando que la situación de la cosa pública justifica su intervención en la esfera ajena de las vidas de sus conciudadanos? ¿No debería caracterizarse su intervención por ser lícita, útil y desinteresada? Admito que el requisito de la espontaneidad no deja de plantear ciertos problemas, porque en el ámbito del Código aquélla supone que la entrada en escena del gestor tiene lugar sin encontrarse obligado a ello – lo cual sí es el caso del político – y sin estar autorizado por el dueño del negocio de que se trate, lo cual no lo es tan claramente. Ahora bien, sabemos que, por imperativo constitucional, no existe relación de mandato entre los electores y el elegido, por lo que aquél no está sujeto a ninguna instrucción por parte de éste; tampoco podría, dado el carácter imprevisible de muchos de los acaecimientos que tienen lugar en la vida pública. Además, sabemos que las listas electorales cerradas y bloqueadas difuminan mucho la voluntariedad en la elección de los representantes populares, a excepción, si acaso, del cabeza de lista. Finalmente, hay que tener en cuenta que muchos cargos con responsabilidades políticas no son elegidos directamente por el pueblo. Por tanto, pienso que estas consideraciones aproximan mucho al gobernante a la figura del gestor “espontáneo” que contempla el Código civil y, en cualquier caso, la brecha entre ambas bien pudiera superarse por medio del recurso a la aplicación analógica de las normas que regulan la gestión de negocios ajenos. Otro tanto cabría decir del requisito de que la actuación del gestor sea “desinteresada”, pues para el Código civil el mismo no impide que aquél sea compensado por los daños y perjuicios sufridos en el desempeño de su función, criterio que podría aplicarse igualmente a las retribuciones de los gobernantes, que no viven del aire, ni se pretende, por más que, en un mundo ideal, deberían guiar su actuación por el desinterés personal.

Lo destacable de todo esto es que el Código civil establece – artículo 1.889 – un deber de diligencia en el gestor de negocios ajenos y dispone que su infracción determinará que aquél deba “indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione”. Quizás más destacable aún es la responsabilidad agravada que establece el Código en dos supuestos: cuando el gestor llevase a cabo operaciones arriesgadas que el dueño no tuviese costumbre de hacer y cuando el gestor posponga el interés del dueño al lucro o provecho propio. En tales casos, el gestor responderá ante el dueño incluso por caso fortuito, es decir, incluso por los daños se hayan producido sin culpa por su parte.

¿Podrían los ciudadanos reclamar ante los tribunales ordinarios la aplicación de estas consecuencias legales a los responsables que con sus decisiones políticas les hubieran causado daños verificables? Soy el primero en reconocer los problemas teóricos y prácticos de la aplicación de esta figura, con origen en el Derecho privado, a la gestión de los gobernantes. Pero, a la vez, cuanto más pienso en ella más proximidad encuentro entre las características que debiera tener la motivación y la actuación de un político y aquéllas en las que el Código enmarca la actuación del que se “tira al agua” por iniciativa propia – o por vocación – en beneficio de otro. 

Supongamos ahora que se nos responde que el esquema propuesto no encaja con la realidad de la gestión de gobierno porque a) no es espontánea, ya que si el político gobierna es porque el pueblo lo pone ahí  para que lo haga y b) no es desinteresada, por cuanto la política es, conforme a la realidad social actual, una actividad profesional remunerada. Pues bien, hemos considerado más arriba la dificultad de atacar jurídicamente determinadas situaciones por la vía de lo contencioso-administrativo, y más aún de lo penal, cuando, pese a su resultado dañoso, no es posible señalar el incumplimiento de normas concretas en una determinada actuación. Sin embargo, el Código civil establece una obligación genérica de no dañar a los demás, y sobre ella se construye el mecanismo de la responsabilidad extracontractual previsto en sus artículos 1.902 y siguientes. La nota característica de la responsabilidad extracontractual es la obligación de reparación que pesa sobre cualquiera que cause un daño a otro, aunque no exista relación jurídica alguna entre el autor del daño y la víctima del mismo – por ejemplo, una maceta de “A” cae sobre el coche aparcado en la acera, propiedad de “B”, al que no conoce de nada -. A tenor de ello, parece claro que cuanto más se esfuerce uno en alejar al gobernante de la relación contractual con el gobernado, y de las consiguientes obligaciones que dimanarían de la misma, más se atrae a aquél a la esfera de la responsabilidad extracontractual. Piénsese, a mayor abundamiento, que la responsabilidad extracontractual “no deriva en sí misma del acto o de la omisión (que abstractamente considerados, pueden ser perfectamente lícitos y conformes con el ordenamiento jurídico), sino de las consecuencias dañosas que, por culpa o negligencia del sujeto actuante, generan en un tercero”*. Y, por último, hay que tener en cuenta que ya hace décadas que los tribunales han desplazado el acento de la obligación de reparar, de la actuación negligente del causante del daño, al derecho a ser protegido que se reconoce a la víctima, más aún cuando en relación con actividades que conllevan un cierto nivel de riesgo para la colectividad, a la vez que procuran un beneficio al que las realiza. En tales casos, los tribunales establecen la obligación de reparar el daño de forma objetiva, haya habido o no culpa y, cuando menos, se tiende a establecer la llamada inversión de la carga de la prueba, conforme a la cual es el que aparece como causante del daño el que debe probar que actuó diligentemente, si no quiere soportar la obligación de repararlo. Dicho esto, ¿alguien negará que la gestión de lo público, además de posibles beneficios, comporta graves riesgos para la colectividad? Por mucho menos cualquier Ayuntamiento pide cuantiosos avales al concesionario de cualquier servicio público concreto. ¿Alguien pondrá en duda, aun con la interpretación más benévola de la afirmación que sigue, que el político se beneficia de su actividad – siquiera como actividad profesional, igual que la de un electricista o un ingeniero -?

Estamos asistiendo a un empeoramiento diario de cualquier actividad pública de carácter prestacional, desde la educación a la sanidad, pasando por la limpieza de las calles, ello unido a la subida de impuestos, la reducción del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones, del desempleo y del salario mínimo interprofesional, y a una presión “de facto” en el ámbito laboral, que en muchos casos lleva a una reducción salarial; en definitiva, a la imposición de importantes sacrificios a la mayoría de los ciudadanos. Mientras esto ocurre, nuestros gobernantes mantienen la infamia de las pensiones vitalicias de diputados y senadores, igual que las indemnizaciones de altos cargos – que siguen cobrando aunque empiecen a trabajar al día siguiente de cesar en sus puestos -. Añádase a esto las subvenciones a partidos y sindicatos, la exención del IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia Católica – sí, lo sé, dicha exención deriva de unos acuerdos con la Santa Sede en materia económica, pero los acuerdos se renegocian y, además, la Santa Sede, en su infinita bondad y misericordia, lo entendería, seguro -, la aparente indolencia en la persecución del fraude fiscal, según de quién, la creación de infraestructuras faraónicas de rentabilidad dudosa, en el mejor de los casos, por no hablar de la ligereza con que se “inyecta liquidez” en bancos y cajas sin tomarse la molestia de obligarlas a, al menos, no aumentar los cuantiosos salarios de sus altos directivos. De todo esto, lo más suave que puede decirse es que estamos padeciendo una gestión política gravemente negligente; vamos, claro que me quedo corto, es que lo que estamos viviendo es indecente, repugnante… Si nos atenemos a la regulación legal que estableció el Código civil hace más de 100 años, pensando en las relaciones privadas entre los ciudadanos, ¿no estaríamos en un claro supuesto de responsabilidad del que, pudiendo evitarlo, mantiene un bodrio semejante? Pues, ¿por qué no tratar de exigirla a nuestros gobernantes actuales o pasados? Sí, encontrar perjudicados no es difícil, podríamos traer a colación aquella película de Bogart “Llamad a cualquier puerta”, pero además habría que dirigirse contra un  político responsable de varias de estas cosas a la vez, lo cual no es tan fácil porque en España el poder está muy descentralizado; también habría que probar la relación de causalidad entre las acciones u omisiones de ese Sr. y el daño concreto producido, lo cual tampoco es así de simple, porque hay una crisis mundial de por medio que podría romper cualquier hipotético nexo causal. No, no es fácil, pero, ¿se perdería mucho por intentarlo colectivamente, a través de una o varias asociaciones de perjudicados creadas al efecto? No, no es fácil, pero una acción así nos daría la medida del sistema en que vivimos. Probablemente nos iríamos a casa con el rabo entre las piernas, sin reconocimiento ni indemnización de ninguna clase, pero al menos sin engaño: el sistema habría tenido que dar la cara “descaradamente” y habríamos podido comprobar lo que dan de sí nuestras leyes y los jueces que las interpretan y aplican.

Dicen que una de las principales razones que impulsaron la celebración del proceso de Nürenberg tras la Segunda Guerra Mundial fue dar a conocer al mundo, a través de éste, las atrocidades del régimen de Hitler. Valdría la pena, al menos, estudiar la posibilidad de demandar a nuestros gobernantes. En España hay muchos juristas y economistas brillantes y comprometidos. Independientemente del resultado, semejante proceso nos traería una mayor comprensión de lo ocurrido en estos últimos años y de sus consecuencias y, lo que es más importante, la conciencia de los riesgos que estaremos afrontando si continuamos como hasta ahora. A lo mejor la chispa de nuestra revolución pendiente podría prender en una sala de justicia; tal vez en una sala de justicia civil, para mayor sorpresa, donde se debatiría la responsabilidad del poder, no ya con su sangre, como antaño, sino con su dinero. Puede que ahí se encontrara el auténtico espíritu liberal, el poder que encierra la iniciativa privada de los ciudadanos frente al Estado, persiguiendo un objetivo tan individualista como solidario.

* Carlos Lasarte. Fundamentos de Derecho civil II. Derecho de obligaciones.

Foto: http://www.google.es/imgres?q=saturno+devorando+a+sus+hijos&hl=es&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=c8kx7MYls8Y2xM:&imgrefurl=http://montequin.wordpress.com/2011/03/14/i-want-you-bad/&docid=pwvnLLoCOR_COM&imgurl=http://montequin.files.wordpress.com/2011/03/saturno-devorando-a-su-hijo-de-goya.jpg&w=313&h=480&ei=XS0gT8CpI4arsAaq4YimDA&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=174&dur=78&hovh=278&hovw=181&tx=95&ty=305&sig=111511952566234037211&page=1&tbnh=153&tbnw=96&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:0

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4 Responses to “LA REVOLUCIÓN CÍVICA”


  1. 1 emilio 26 enero 2012 en 8:30

    Pues mira, varias cosas, un poco rápico que ando pillado de tiempo, pero varias cosas.
    1º Desde un punto de vista jurídico, la única vía que me parece posible sería la de la rsponsabiliad patrimonial de la Admnistración.
    2º Creo que estas cuestiones son más sangrantes en el contexto de hoy: en otros momentos los “vicios e irregularidades” de las que hablas han sido las mismas, pero ni las hemos mirado. Si antes no se puso coto a estas cuestiones, no veo que se vaya a hacer ahora, la verdad, y
    3º ¿Por qué no cogéis el atajo los que pensáis así? Quiero decir: ¿por qué coño votas?. Si en lugar de convencer a todos de que es posible habilitar un procedimiento para…. convences a todo el mundo de no votar, dejándote de procedimientos que ya sabes a dónde nos llevan, verías un resultado que, al lado de la pretensión de tu escrito, sería descomuncal. ¿No sería el mejor castigo para los políticos no hacerles ni el más mínimo caso?.
    Un abrazo,

    • 2 José Ignacio 26 enero 2012 en 8:57

      Hola chavalote. Muchas gracias por tu visita, y más en momentos de “apretura”.

      No sé por dónde empezar. Desde el punto de vista jurídico, veo dos problemas en la vía contencioso-administrativa: 1) Que la Administración tiene un amplio margen de discrecionalidad en sus decisiones y, como sabes, los tribunales son muy reacios a entrar a valorar la corrección de las decisiones de aquélla; 2) que, si la acción triunfa, el “pagano” es el erario público, es decir, nuevamente todos nosotros, y el político responsable ni se inmuta. En cambio, la jurisdicción civil tocaría directamente el bolsillo del político. Además, el grado de negligencia que exige la jurisdicción civil para imponer responsabilidad al causante del daño es levísima, cuando no inexistente, en el caso de la responsabilidad objetiva por riesgo. Finalmente, creo que es la propia Ley Orgánica del Poder Judicial la que otorga competencia al Tribunal Supremo para juzgar la responsabilidad civil del Presidente del Gobierno; por lo que la idea de que pueda exigirse a un gobernante responsabilidad por esa vía no me parece ni mucho menos descabellada. No estoy al tanto de los pormenores, pero fíjate en el caso de Islandia.

      Desde el punto de vista político, creo que el que votes o no votes les pilla al fresco. Cualquier partido que sacara mayoría absoluta con una abstención del 98% del electorado enarbolaría aquélla sin un ápice de pudor, de eso estoy seguro. ¿No ves cómo se resisten todos a cambiar una ley electoral tan injusta como la que tenemos? Les importa todo tres narices, entre otras cosas porque ellos mandan, así que tienen asegurado que les hagamos caso, porque “a la fuerza ahorcan”.

      De todas formas, lo de no votar me parece muy digno, pero no podemos quedarnos en eso si queremos conseguir que algo cambie, porque te aseguro que gobernarían “tan pichis” si salieran elegidos con sólo 100 ó 200 votos (los suyos propios y los de sus parientes y deudos).

      Un abrazote,

      JI

    • 3 José Ignacio 26 enero 2012 en 11:57

      Emilio, por otro lado, en el caso de un contencioso – administrativo iría el Abogado del Estado, y punto; nunca te iban a aceptar como prueba la testifical de un responsable político. Sin embargo, en el caso de un procedimiento civil dirigido contra el propio responsable, éste tendría que comparecer personalmente y responder a todas las preguntas relacionadas con los hechos de la demanda, esas preguntas que están en boca de todos, pero que los periodistas no quieren o no pueden hacer en las contadas ocasiones en que tales personajes se dignan a “bajar al ruedo”. Ten en cuenta, también, que, salvo defecto formal, los jueces estarían obligados a dar curso a la demanda, con lo que el político de turno se sentaría en el banquillo (civil) sí o sí.

      De verdad, yo creo que los ciudadanos deberíamos plantearnos demandar al Gobierno, presente, pasado, nacional, autonómico, local… Sólo con que tuvieran que comparecer ante los jueces y responder preguntas ya les estaríamos demostrando con los hechos que hasta para ellos hay un límite. Al fin y al cabo, “responder” y “responsabilidad” son dos conceptos muy, muy próximos. ¿No?

      Un abrazo,

      JI

  2. 4 Verónica del Carpio Fiestas 31 octubre 2012 en 19:52

    Me gustaría poder decir que veo viable una demanda civil contra un político mal gestor, que permitiera ir contra su bolsillo. Claro que me gustaría. A mi modesto entender, las responsabilidades son políticas o penales, en lo individual de la clase política, y económicas del Estado en los contados casos en que responde por responsabilidad patrimonial, y del propio político como derivado del tema penal, y disculpen si me dejo algo. Una demanda civil indemnizatoria entre un ciudadano perjudicado y un político, lo veo complicado, por cauce y por nexo causal entre el daño y la actuación.
    Y pagar tasa judiciales, las desorbitadas, e inconstitucionales, de inminente aprobación, para demandar así, no creo que sea óptimo; aunque los abogados llevemos el pleito gratis. La revolución cívica, como aquí se llama, la veo por otro lado, y me permitir remitirles a este post del Prof. De la Oliva, que comparto plenamente, sobre la necesidad de un nuevo activismo http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/10/demasiados-incompetentes-demasiados.html
    Hay otras cosas que se pueden hacer, además de, por supuesto, el voto, y de los pleitos. Una de ellas es la que aquí ha hecho el titular de este blog: reflexionar en voz alta.
    Verónica del Carpio Fiestas
    Abogada. Colegiada ICAM 28.303


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