CARTA ABIERTA A AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LAS TASAS JUDICIALES

Os escribo como simpatizante de AI desde antiguo porque he vuelto a constatar que, salvo error mío, entre las campañas que actualmente estáis llevando a cabo no hay ninguna en relación con las polémicas tasas judiciales que han entrado en vigor recientemente.

La cuantía exorbitante de las mismas, junto con su evidente carácter recaudatorio y su configuración como un presupuesto de acceso a los tribunales, constituye una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que nos afecta a todos en el marco de la crisis económica galopante que padecemos, pero, sobre todo, a las individuos económicamente más desfavorecidos. En efecto, para cualquiera que no disponga de una posición económica mínimamente confortable, tener un “tropiezo” con una aseguradora, una gran constructora o un banco puede significar verse obligado a “contentarse” con lo que esos gigantes se dignen a ofrecerle, ya que el alto coste de las tasas judiciales hará inviable su acceso a la justicia. Eso supone, lisa y llanamente, que las tasas arrojan a la indefensión a los más humildes.

Ahora bien, la cuestión no queda ahí. La ley contempla unas cuantas exenciones a la aplicación de la tasa – por ejemplo, para los beneficiarios del derecho a justicia gratuita -, pero también exige el reconocimiento formal de tal derecho – lo que no es inmediato ni mucho menos, pues exige valorar una serie de documentos que debe aportar el justiciable –. El resultado es que, si uno no dispone del dinero para pagar la tasa ni tiene reconocido el derecho a litigar gratuitamente, simplemente no puede acceder a los tribunales de justicia de nuestro país. Lo anterior es extremadamente grave en caso de necesitar tutela judicial urgente o cuando los plazos procesales aplicables son breves, como en el caso de recursos o demandas sujetas a caducidad, ya que el transcurso de los mismos significa, sin más, perder la oportunidad de defender los propios derechos.

Pero lo que es de por sí grave puede convertirse en dramático en el caso de procedimientos de extranjería como expulsiones. Y es que, al parecer, ya se están produciendo expulsiones de inmigrantes “sin papeles” que, por supuesto, no disponen del importe de la correspondiente tasa (unos 400€) ni, aunque los tuvieran, podrían llevar a cabo su ingreso – obligatoriamente por vía  bancaria -, por carecer de NIF, ni tampoco pueden solicitar el beneficio de justicia gratuita, precisamente por no tener “papeles”.

En resumen, la ley de tasas judiciales constituye un auténtico atentado contra los principios democráticos en España, cuyas consecuencias quizás ya se puedan calificar de drama humano.

Por eso, desde aquí os pido públicamente que AI inicie inmediatamente una campaña internacional de información y de recogida de firmas contra este ataque contra los Derechos Humanos que se está cometiendo en nuestro país.

Creo que sería un grave error para una organización como AI el adoptar una actitud pasiva ante un atropello de esta envergadura y permitir que la lucha contra él se lleve a cabo exclusivamente por personas que, espontáneamente, actúan movidos por su conciencia social. La consecuencia de tal actitud por vuestra parte podría ser que, una vez pasada la tormenta – la esperanza es lo último que se pierde –, os encontréis con os habéis quedado sin sitio como defensores de los Derechos Humanos.

 

Propongo que cualquiera que tenga conocimiento de un caso de indefensión por carecer de dinero para pagar la tasa judicial lo comunique, con todos los datos posibles, a Amnistía Internacional.

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2 Responses to “CARTA ABIERTA A AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LAS TASAS JUDICIALES”


  1. 1 Diego Doblas 26 enero 2013 en 10:27

    Magnífica exposición, y sí creo que AI tiene aquí un asunto serio por el que movilizarse, ya que en este caso gran parte de la población se verá en situación de indefensión real.

    • 2 José Ignacio 28 enero 2013 en 11:07

      ¡Hola Diego! ¡Qué alegría verte por aquí! Bueno, tú eres el experto en “magníficas exposiciones” ;-). Efectivamente, el tema es muy serio y la mayoría de la gente no parece haber tomado conciencia de que no es una cuestión meramente técnica o un interés corporativo de los abogados, es que es dejar sin protección legal a mucha gente ante bancos, aseguradoras, grandes constructoras, la propia Administración, etc. En pocas palabras: un golpe de estado legal.

      Un abrazote,

      JI


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