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PRONTUARIO PARA DETECCIÓN DE INIQUIDADES Y ATROPELLOS

la-esclavitud

En un Estado de Derecho todos estamos sujetos al ordenamiento jurídico, incluidos quienes tienen la función de interpretarlo y aplicarlo. Sin embargo, mientras que para esta última labor se requiere preparación y experiencia, cualquier persona con la suficiente curiosidad como para seguir las interioridades de un “reality” de televisión tiene también la capacidad de analizar las consecuencias más significativas de aquella legislación que afecta con más intensidad a la esfera de sus derechos y libertades, singularmente las normas sancionadoras. Como oí decir en una ocasión a un buen profesional de la abogacía “el Derecho es sentido común tecnificado”.

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante PLOPSC) y la reforma del Código Penal, que contienen medidas muy duramente criticadas por diversos colectivos profesionales del mundo del Derecho. Como muestra, incluyo sendos enlaces a un manifiesto firmado por sesenta Catedráticos de Derecho Penal contra la citada reforma del texto punitivo, a un artículo (en inglés) publicado en el blog del Profesor de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno Linera sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y al propio Proyecto:

http://www.yometiroalmonte.es/2015/01/22/manifiesto-integro-60-catedraticos-derecho-penal-nuevo-codigo/

https://presnolinera.wordpress.com/2014/12/23/spains-public-safety-bill-as-administrative-law-of-the-enemy/

http://www.icam.es/docs/observatorio/obs_30584.pdf

En los dos primeros pueden encontrarse comentarios de carácter más técnico y referencias a estadísticas de infracciones y sanciones que no son tan fácilmente accesibles, pero también reflexiones sobre aspectos de la legislación sancionadora en los que cualquiera sin formación jurídica puede reparar. A continuación trataré de resumir estos últimos, con especial referencia al PLOPSC. La idea es contribuir a que quien lo desee pueda valorar en cuanto a sus intenciones y efectos las normas que más afectan a la esfera de su libertad individual.

En primer lugar, las leyes van acompañadas de una exposición de motivos, a través de la cual el legislador pretende dar a conocer las razones que lo han impulsado a crear la norma de que se trate.

En cuanto a este apartado es interesante preguntarse:

  1. ¿Existen ya otras normas que prevén las situaciones que contempla la nueva? En el caso de las normas sancionadoras, la respuesta suele ser que sí, a menos que se hayan identificado nuevas conductas susceptibles de causar daño, normalmente como resultado de la evolución de la tecnología.
  2. ¿Se explica satisfactoriamente la conveniencia y la oportunidad de la nueva norma o de la reforma de una ya existente?
  3. En el caso de la legislación sancionadora, ¿la nueva norma pretende combatir conductas concretas o se dirige más bien contra actitudes, fenómenos sociales o grupos de personas?

Por ejemplo, conforme a la Exposición de Motivos del PLOPSC “varios factores aconsejan acometer su sustitución (la de su antecesora, al L.O. 1/1992, de 21 de febrero) por un nuevo texto”, pero al enumerarlos no concreta qué cambios sociales han ocurrido, o cuáles son “las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas” que justifican la norma. Más bien, la impresión que uno saca es que al Gobierno le preocupa el aumento de las protestas ciudadanas en sí, puesto que la persecución de todo tipo de actos violentos ya estaba y sigue estando contemplada en diversos textos normativos.

También es importante fijarse en la severidad de las sanciones previstas o en si se endurecen las ya existentes. Aquí el PLOPSC permite imponer multas de hasta 600.000€, lo que no sólo eleva considerablemente el “techo” establecido en su antecesora, sino que hace empalidecer las que el mismísimo Código Penal prevé para muchos delitos.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es si se castigan conductas que todavía no han dañado el bien jurídico que se busca proteger, en este caso la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el PLOPSC, en su artículo 35 sanciona como infracción muy grave – recordemos, hasta 600.000€ de multa – “1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones”, aun cuando no se haya llegado a perturbar el funcionamiento de aquéllas o “la seguridad y la tranquilidad ciudadanas”. Además, la norma no distingue entre los actos prohibidos y los no comunicados – se trataría en este último caso de un mero incumplimiento formal – e introduce un elemento completamente abierto a la discrecionalidad de la autoridad sancionadora mediante el término “inmediaciones”. En la misma línea, el art. 36 sanciona como infracción grave – hasta 30.000€ – “4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad (…) el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales (…)”. Esta disposición está pensada claramente para disuadir a los grupos que se oponen a los desahucios y, como es fácil de apreciar, no distingue entre si el acto de oposición ha resultado efectivo o no, al margen de que el Ordenamiento jurídico ya disponía de herramientas para reprimir conductas de resistencia a la autoridad.

Un elemento muy peligroso en las normas de carácter punitivo es la ambigüedad de sus términos, pues ésta crea una incertidumbre en cuanto al contenido y consecuencias de las conductas prohibidas que resulta intolerable en un Estado de Derecho, porque deja a la persona a merced de la voluntad sancionadora del poder. Así, el art. 36 de la PLOPSC, en su apartado 1, castiga “la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos (…)”. Aquí el término “perturbación” debe ponerse en relación con el concepto de “seguridad ciudadana”, entendida en la Exposición de Motivos como “el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”. Como puede verse, la falta de definición de cuáles son las conductas que el legislador entiende relevantes a efectos de perturbar la “tranquilidad de los ciudadanos” convierte a la norma en un auténtico cajón de sastre donde cabe casi cualquier acto que a las autoridades se les pase por la cabeza, ya que si hay algo subjetivo es el miedo y, “a sensu contrario”, la tranquilidad.

Finalmente, no se puede olvidar que en virtud del Código Penal sólo pueden castigar los jueces, pero que hay muchísimas infracciones que pueden ser sancionadas por la Administración, como es el caso de las previstas en el PLOPSC. En este último supuesto, hay que destacar que:

  1. la Administración no es independiente del Poder Ejecutivo, como sí que lo es, o debería serlo, el Poder Judicial;
  2. en España los actos administrativos se presumen válidos y son, con carácter general, inmediatamente ejecutivos;
  3. en principio, los recursos contra los actos administrativos los resuelve la propia Administración y, en algunos casos, el mismo órgano que los dictó

Esto tiene consecuencias prácticas de gran calado, ya que una vez impuesta la sanción y agotados los correspondientes recursos administrativos, las autoridades pueden proceder a ejecutarla, por ejemplo, embargando los bienes de quien ha sido multado. Si quiere evitarlo, éste tendrá que ofrecer garantías, como puede ser un aval bancario, y recurrir la resolución de la Administración ante los Tribunales. Sin embargo, esta decisión hay que pensársela dos veces (eso sí, uno se evita el esfuerzo si no tiene dinero), ya que en nuestro país, además de los honorarios de los profesionales del Derecho que tienen que intervenir en los pleitos, existen unas tasas judiciales vampíricas que gravan el ejercicio del derecho a la jurisdicción.

Pienso que no sería difícil empezar a enseñar este tipo de análisis en la educación secundaria. El desconocimiento de las leyes que se aprueban en nuestro nombre no aporta ninguna ventaja porque tenemos que cumplirlas de todas formas, pero la falta de crítica de las mismas sí que puede suponer un grave quebranto: convertir nuestro derecho de voto en las elecciones en un mero trámite descafeinado y, de esa forma, ningunear una conquista inmensa y a quienes lucharon por ella.

 

Foto: definicionabc.com

 

 

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CARTA ABIERTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Respuesta de la Sra. Defensora del Pueblo a la petición que le hice, como tantos miles de españoles, de que recurriera las tasas judiciales ante el Tribunal constitucional:

 Estimado Sr./Sra.:

En relación con el escrito que presentó en esta Institución relativo a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses (Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre), le comunico que con fecha
12 de febrero de 2013 formulé al Ministro de Justicia varias recomendaciones orientadas a una reducción
sustancial de la cuantía de las tasas judiciales y a la supresión de algunas de ellas.

El día 20 de febrero de 2013 se recibió la respuesta del Sr. Ministro de Justicia.

A la vista de la misma, y teniendo en cuenta el firme compromiso de una modificación inmediata de la Ley de Tasas
Judiciales en el sentido recomendado, he decidido, oído el parecer unánime de la Junta de Coordinación y Régimen
Interior en su reunión del día 20 de febrero de 2013, no ejercer la legitimación activa ante el Tribunal Constitucional.

Le adjunto el texto de la resolución que he adoptado al respecto.

Puede concluirse que los resultados de la mediación y las recomendaciones efectuadas por la Institución
darán como fruto una importante reforma normativa del Sistema de Tasas Judiciales.

Le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril

Defensora del Pueblo

 
Su oficina tuvo buen cuidado de enviármela por correo electrónico desde una de esas direcciones que no admiten respuesta; todo un símbolo de la actitud y disposición de esta señora.

 

 RESPUESTA ABIERTA 

 

Claro que sí, Señora, luego el Sr. Ministro de Justicia dirá eso de que “no he cumplido con mis promesas, pero sí con mi deber” y “Santas Pascuas”, ¿verdad? ¿Qué le habría costado a Vd. presentar el recurso de inconstitucionalidad? Si de verdad la ley se llega a reformar de acuerdo con la Constitución, el recurso habría perdido, por definición, su objeto. Pero, ¿y si eso nunca llega a suceder? ¿Quién nos defenderá entonces de esa nueva tomadura de pelo? ¿Vd.?

Señora, sin duda tiene Vd. un patrimonio saneado que le permite no depender de la cuantiosa “limosna” que recibe del bolsillo de los ciudadanos por no hacer nada que ayude a nadie. Si aún es capaz de ello, tenga un mínimo gesto de dignidad y dimita. Estamos ya hasta las narices de Vd. y de todos los personajes como Vd que pueblan las altas instancias de lo que, por emplear un eufemismo, llamaré “Estado”.

Sé que Vd. nunca llegará a leer esta carta, que también le he enviado por mail, porque para eso pagamos entre todos al equipo de empleados públicos que protegen los dignos ojos de Vd. de la realidad de este país y del sentir colectivo, ante los cuales su cargo le obligaría a permanecer vigilante. Pero al menos yo me quedo más tranquilo.

Iba a despedirme deseándole, por educación, que pase Vd. un buen día, pero no lo haré, primero, porque en esta selva en que Vd. y sus semejantes están convirtiendo nuestra vida la cortesía va ocupando un lugar cada vez más bajo en la pirámide de Maslow, y segundo, porque realmente me da igual que a Vd. le vaya bien o no; Vd. no es asunto mío, igual que yo no lo soy de Vd.

 

 José Ignacio Andolz Munuera

 


Una frase:

"El tiempo es lo que impide que todo suceda de golpe."

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