Posts Tagged 'Ley de transparencia'

¡CÓMO SE PASA LA VIDA…!

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Recuerde el alma dormida,

avive el seso e despierte …

En España el sistema electoral del Congreso de los Diputados no garantiza la igualdad de electores y partidos políticos en cuanto a la designación de sus representantes por parte de los ciudadanos.

En España la creación de una comisión parlamentaria de investigación puede ser bloqueada con los votos del partido mayoritario.

En España la inculpación de un diputado o senador en un procedimiento criminal requiere la autorización de la correspondiente cámara, aun cuando los hechos no tengan nada que ver con el ejercicio de su cargo.

En España las cuestiones de mayor relevancia están excluidas de la participación directa de la ciudadanía en el procedimiento legislativo; por supuesto la iniciativa popular está vetada para la reforma de la Constitución.

En España no está previsto que una representación de la ciudadanía pueda opinar durante el proceso de elaboración de las leyes o interpelar en sede parlamentaria.

En España los diputados y senadores sólo necesitan siete años de permanencia en el escaño para cobrar la pensión máxima, mientras que el resto de los trabajadores precisa cotizar durante quince años para cobrar un cincuenta por ciento de aquélla.

En España la Ley de Transparencia no configura el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; están excluidas del ámbito de la ley la Casa del Rey, los partidos, los sindicatos y fundaciones que reciben mucho dinero público; entre las causas de denegación de información existen algunas tan inespecíficas como los “perjuicios para los intereses económicos y comerciales” (intereses que, en cambio, sí permiten que el nombre de cualquier ciudadano aparezca en fichero de morosos).

En España la responsabilidad penal de las personas jurídicas por no evitar la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por quienes están servicio de las mismas no alcanza a partidos políticos ni a sindicatos.

En España la Ley de Seguridad Ciudadana castiga conductas que se consideran amenazas a la seguridad ciudadana sin exigir que ésta haya sido efectivamente lesionada; además de establecer sanciones de una enorme desproporción, la ley abre la puerta a la incautación administrativa de imágenes informativas, vulnerando la doctrina constitucional que sólo permite adoptar tal medida a los jueces y tribunales con la debida cobertura legal (*).

Hace cuarenta años mi generación llevaba pantalón corto. Cuando comenzó la Transición quizás parecía que simplemente “andábamos por medio”, pero la conciencia que teníamos de lo que estaba sobre el tablero era tan nítida que casi cortaba, porque de nuestros mayores nos llegaba la vivencia del momento histórico en toda su intensidad.

Conocimos la implantación progresiva de leyes formalmente democráticas, pero la tarea de superar la herencia del franquismo en el funcionamiento de las instituciones requería un esfuerzo denodado cada día para hacer frente a la resistencia tenaz de los nostálgicos del “bunker” o simplemente a la inercia o al miedo al futuro. Muchos antes siquiera de haber usado una maquinilla de afeitar ya anhelábamos que el desgaste de esa lucha de España con su otra cara finalizara en unos pocos años y que lo se llamaba democracia acabara siéndolo de veras.

Recuerde el alma dormida,

avive el seso e despierte

contemplando

cómo se pasa la vida …

 

(*) v. https://presnolinera.wordpress.com/2015/12/13/ministerio-del-interior-balance-de-la-legislatura/

 

Foto: revistafractalario.wordpress.com

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¿DESDE CUANDO LOS EMBUDOS SON TRANSPARENTES?

embudo

La llamada “Ley de transparencia” – http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf -, que pretende regular el acceso a la información pública ha sido objeto de numerosas críticas desde su aprobación el 9 de diciembre de 2013, por ejemplo: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/29/transparencias-y-opacidades/.

Al margen de que el derecho de acceso a dicha información no se configura como parte del derecho fundamental a recibir información o de la opacidad con que se sigue envolviendo ciertas actividades de la Casa del Rey, las Cortes o el Banco de España, ha merecido especial censura la redacción del artículo 14 de la norma, que establece las causas por las que el derecho de acceso puede ser limitado. Aquí quiero detenerme en uno de ellos.

Dice el citado precepto:

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

  1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

 (…)

 h) Los intereses económicos y comerciales.

Ya antes de la entrada en vigor de la ley el Gobierno venía denegando cualquier solicitud de información, incluso por vía parlamentaria, sobre la identidad de los principales adquirentes de deuda soberana española. Muy probablemente la causa de limitación del derecho de acceso a información pública a la que nos referimos ha sido introducida para dar carta de naturaleza a esa práctica.

¿Los intereses económicos y comerciales de quién? No es difícil apreciar que la falta de precisión de este motivo es tal que incluso priva de sentido completo a la expresión que lo recoge.

Vayamos ahora a otra región de nuestro ordenamiento jurídico, concretamente al reglamento de desarrollo de la Ley de protección de datos de carácter personal – http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-979-consolidado.pdf – y, concretamente, a su artículo 10.1:

Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.

  1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de tratamiento o cesión si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.
  2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: 

a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

El quid de la cuestión está en que este precepto permite la creación de ficheros de morosos (tratamiento de datos) y su cesión a bancos y otros operadores económicos, basándose en su interés legítimo en saber con quién hacen negocios.

La redacción original de la norma era más restrictiva, porque exigía que dichos datos figurasen previamente en fuentes accesibles al público, pero tras un recurso interpuesto por la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, en el año 2012 el Tribunal Supremo declaró la nulidad de tal requisito, por contravenir una Directiva comunitaria, lo que despejó totalmente el camino al funcionamiento de las bases de datos de morosos.

Comparando este punto de vista – sinceramente creo que el Tribunal Supremo no hizo más que aplicar la ley – con el adoptado por la Ley de transparencia – aquí sí que dependía del legislador configurar la norma de una manera o de otra – no puedo dejar de pensar que se trata de la máxima expresión de la ley del embudo; los operadores económicos pueden saber de nosotros, pero no al revés, porque los intereses comerciales (sigo preguntando, ¿cuáles, de quién, en qué consisten, con qué límites…?) no sólo pesan más que el derecho a la privacidad de los individuos tutelado por las normas sobre protección de datos personales, sino incluso más que un derecho tan esencial en una democracia como es el de acceder a información relevante para la toma de decisiones políticas. Se nos podría decir que los compradores de deuda soberana sólo buscan cobrar y no meterse en política. Se nos podría decir, pero  podríamos asfixiarnos de risa por no ahogarnos en llanto.

Los embudos raras veces son transparentes. No lo son porque la transparencia no forma parte de la función para la que están concebidos, que es el trasvase de un líquido que se supone ya conocido por quien realiza la operación. La diferencia está en que el líquido sólo concierne a quien lo está manejando y el conocimiento de datos relevantes para la formación de la opinión pública y la toma de decisiones políticas es cosa de todos. Así es que creo que la conocida como Ley de transparencia en el fondo no tiene tanto que ver con la transparencia como con taparse “las vergüenzas”.

La Constitución (art. 10.1) propugna la dignidad humana como fundamento del orden político y la paz social, pero la dignidad humana presupone un mínimo de igualdad y justicia por encima de las diferencias entre los individuos.

La aplicación sistemática de la “ley del embudo” pisotea la dignidad humana y, al erosionar la asunción generalizada de los valores que sustentan la convivencia, alienta conductas como el fraude y la corrupción. Si no ponemos remedio pronto, el desprecio con que se nos gobierna nos llevará al “síndrome de la indefensión aprendida”, terminaremos por caer en una apatía venenosa, o acabará reventando la paz social como una olla a presión.

Antes de empezar a escribir pensaba que me estoy volviendo demasiado politiquero, que me estoy apartando del designio que tenía para este blog, de corte más personal, intimista incluso. Ya casi acabando me doy cuenta de mi error; es la política la que tiene que quitarse las orejeras de lo puramente contable, ni siquiera económico, para empezar a prestar atención a cómo se sienten tratados los ciudadanos, que debiéramos ser sus verdaderos protagonistas.

Alguien dijo alguna vez que no se puede vivir permanentemente sentado sobre las bayonetas. No será de extrañar que éstos acaben por pincharse.

 

Foto: http://www.bedri.es

 


Una frase:

"El tiempo es lo que impide que todo suceda de golpe."

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