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TUFILLO PATRIMONIALISTA

Escribo sobre este tema con retraso, o tal vez antes de tiempo, pero a menudo uno está sometido a la tiranía, o al menos al mandato (nunca mejor aplicado, como vamos a ver), de las circunstancias.

Entre las críticas a nuestro sistema político emanadas con mayor fuerza del 15-M estaba la relativa al “déficit democrático”, como consecuencia de la falta de respeto de las instituciones políticas a la voluntad del pueblo, puesta de manifiesto con especial crudeza cuando las mayorías parlamentarias se apartan radicalmente de los programas electorales en que se basó su elección.

Esto ha llevado a cuestionar la prohibición contenida en el art. 67.2 de nuestra Constitución: “Las Cortes Generales no estarán ligadas por mandato imperativo”. ¿Cuál es el origen y el sentido de esta prescripción constitucional?

Durante la época medieval cada estamento social se hacía representar en las asambleas por medio de mandatarios pertenecientes a él y ligados a sus instrucciones, de obligado cumplimiento, con posibilidad de revocación del mandato en caso de apartarse de ellas. Esto es lo que se conoce por “mandato imperativo”.

La prohibición del mandato imperativo surge con la Revolución Francesa. Desde el punto de vista teórico, la misma se suele asociar a la idea de soberanía nacional. La Nación se consideraba una “persona moral” distinta y superior a la suma de sus individuos o de cualesquiera agrupaciones éstos pudieran formar. Los diputados no representaban ni a quien los eligió ni a nadie en concreto, sino que se los designaba para que sustituyan a los electores en la formación de la voluntad nacional, mientras éstos ya sólo tenían que preocuparse de perseguir su interés particular; de ahí la prohibición de que los representantes se obligaran al cumplimiento de cualquier tipo de instrucción. Una de las consecuencias de este esquema de representación sustitutiva, propia del Estado liberal, fue la “patrimonialización” del escaño, puesto que el poder del votante se agotaba en la elección del representante, sin que éste, una vez elegido, debiera lealtad a nadie, por lo que en la práctica podía considerarse “dueño” de la representatividad conferida.

La transformación del Estado liberal en Estado democrático se cimenta sobre la progresiva universalización del sufragio y la aparición de los partidos políticos, cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado que contribuyen a configurar la opinión de los electores, aglutinan los sufragios en torno a diferentes ideologías y dirigen el voto de los parlamentarios elegidos en sus listas quienes, en el marco de este esquema de representación, se supone que defenderán el programa con el que se presentaron a las elecciones y, en caso de poder formar gobierno, ajustarán tanto como sea posible su actuación al mismo. Pese a un cambio tan significativo, la prohibición del mandato imperativo del Estado liberal al Estado democrático y, de hecho, nuestra Constitución la recogió de otras varias pertenecientes a nuestro entorno jurídico.

¿Qué hacer con la prohibición del mandato imperativo? ¿Es esta la barrera jurídica que nos separa de la democracia real en el ámbito parlamentario?

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre cómo entender tal prohibición en el marco de nuestro sistema de “representación representativa” y no sustitutiva, como en el caso del Estado liberal. Conforme explica el Profesor Presno Linera en uno de los enlaces que acompaño más abajo, la interpretación que sostiene el máximo intérprete constitucional es que:

Ahora la representación debe ser representativa y no sustitutiva, y para ello es necesario el establecimiento de una fórmula electoral de asignación proporcional de escaños, como elemento imprescindible para dotar de verdadero pluralismo a un sistema político, pues permite que cada opción política tenga una presencia en las instancias de decisión ajustada al respaldo electoral obtenido y, en consecuencia, a su implantación social (el resaltado es mío).

Y concluye:

Esta nueva configuración del instituto de la representación otorga un sentido diferente a la prohibición de mandato imperativo que sigue vigente en los textos constitucionales que instauran el Estado democrático de Derecho, en el que la mencionada prohibición sólo puede tener un sentido funcional: no hay sometimiento a ningún tipo de mandato porque el representante se debe únicamente a la representatividad que porta y que se configuran en las urnas, en la voluntad política de un sujeto jurídico, el cuerpo electoral. Lo que ahora se busca es que los elegidos respondan a lo elegido por los ciudadanos (…) (el resaltado es mío).

En definitiva, la única forma de entender la prohibición del mandato imperativo con un encaje sistemático dentro de la totalidad del texto constitucional es, no como una patente de corso para que los partidos traicionen a quienes depositaron su confianza en ellos, sino, al revés, como una salvaguarda frente a la tentación de los partidos políticos de “patrimonializar” la representatividad de los parlamentarios obligando a éstos a apartarse de la voluntad expresada por los electores (que funcione o no en la práctica es otra cosa).

Muy interesante (o no), pero, ¿a qué viene ahora todo esto? Pues viene, al menos a mi cabeza, al hilo de las pasadas (y quizás de las futuras) negociaciones para formar gobierno que han tenido lugar recientemente, en cuyo marco al menos PSOE y Podemos han sometido a votación entre sus afiliados la posición que debían adoptar sus representantes parlamentarios. En mi opinión, esto supone desconocer que los partidos políticos son un engranaje a través del cual pueden participar en las más altas instancias de decisión las diferentes opciones políticas presentes entre los ciudadanos que conforman el cuerpo electoral, y no sólo sus respectivos afiliados. Así, lo que se ha puesto de manifiesto es que, bajo un ropaje formalmente democrático, puesto que una consulta ha precedido a la decisión tomada por los líderes de ambas formaciones, en los políticos sigue instalada una concepción patrimonialista de la representación parlamentaria, aunque ahora a favor de cada partido, no de cada diputado.

Creo que hay ocasiones, y la que acabamos de vivir ha sido una de ellas, en las que quien es un líder, y no simplemente un jefe de partido, debe ser capaz de interpretar una voluntad política que va mucho más allá de la de los propios afiliados y alcanza a todos los ciudadanos que se identifican con la opción política que encarna aquél. Y quien de verdad es un líder también debe ser capaz de asumir el riesgo político que esa interpretación comporta.

jefe-vs-lider

Tras el fracaso de las negociaciones para formar gobierno, Mariano Rajoy dijo en unas declaraciones que ahora eran “ellos” (supongo que se refería a los políticos) quienes tenían que pactar con los ciudadanos, y así nos dio un nuevo ejemplo de la concepción patrimonialista de la representación parlamentaria a que se apega la clase política, como si ésta, “per se”, ostentara un poder que le permitiera negociar con los ciudadanos aun antes de ser elegidos por éstos. Por eso, cualquier partido que de verdad aspire a llevar a cabo una “nueva política” debería empezar por desterrar el más mínimo tufillo “patrimonialista” en cuanto al poder político. Yo confío en que Pablo Iglesias, que no sólo es politólogo, sino más inteligente que yo, acabe por tomar conciencia de que para ser progresista no hay más remedio que ahondar primero en la raíz de las cosas.

 

Fuentes:

http://representacionrealya.es/?p=101

https://antoniogarciatrevijano.com/2007/03/06/mandato-imperativo/

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/29015/1/Prohibicion.pdf

 

Imagen: evelinruz.com

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Una frase:

"El tiempo es lo que impide que todo suceda de golpe."

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