POLÍTICA Y NEGOCIOS, NEGOCIOS Y POLÍTICA

En su artículo “El padrino y las teorías del estado y del derecho” –

https://presnolinera.wordpress.com/2015/10/15/el-padrino-y-las-teorias-del-estado-y-del-derecho/ – el Profesor Miguel Presno desentierra una cuestión de honda raigambre en la Teoría del Estado y del Derecho; las razones de “la obligatoriedad del cumplimiento de las normas que emanan de los poderes públicos y si son diferentes a las que puede dictar una organización mafiosa”. Tras referirse a diferentes aproximaciones al problema y poner de manifiesto lo inseguro de los criterios utilizados para distinguir el poder normativo del Estado del que emana, por ejemplo, de la organización criminal de la familia Corleone, recalará en un punto de vista práctico de aceptación bastante amplia hoy en día:

La clave radica en suponer que el ordenamiento estatal es válido cuando, en su conjunto, es eficaz; es decir, cuando excluye la vigencia de otro entramado jurídico. Así, podemos suponer que el ordenamiento es válido y, por tanto, es obligado cumplir sus normas cuando es efectivo (…).El conjunto del ordenamiento estatal, la “legalidad”, encuentra así su fuente de “legitimidad”; la razón por la que debe ser obedecido. Ahora bien, la trama vuelve a complicarse y nos resulta muy inquietante cuando, como ocurre en la ficción de El Padrino pero también en no pocas ocasiones en nuestra realidad, esa legalidad no está al servicio de la libertad, la igualdad, la justicia o el pluralismo, sino que puede “comprarse” con dinero o con influencias, como se refleja en la conversación entre el senador Pat Geary y Michael Corleone, donde el primero condiciona la obtención de la licencia para un casino en Las Vegas, cuyo coste es de 20.000 dólares, al pago de 250.000 dólares y el 5% de las ganancias de los hoteles que explota en el estado de Nevada la “familia Corleone”. El no va más de esta preocupante analogía lo ejemplifica el propio Michael Corleone cuando, en otra escena, sentencia: “la política y el crimen son lo mismo”. Resulta, o tendría que resultar, obvio que es una afirmación disparatada pero, y eso debería preocuparnos, parece que cada vez hay menos gente que la considere una exageración, a lo que no debe resultar ajeno el hecho de que más de un cargo público considere, parafraseando de nuevo a Michael Corleone, que el ejercicio de sus funciones “no es política, sólo negocios”.

Recojo el guante de dar entrada a la realidad social en el análisis del fenómeno jurídico para tratar de seguir un poco adelante con la reflexión del autor.

Nancy Fraser, profesora de Filosofía y Política en la New School for Social Research realizó una ponencia en un seminario celebrado en en 2012 en Berlín titulado “Rethinking Capitalist Crisis”, donde vinculaba los problemas derivados de la crisis actual con la lógica del neoliberalismo.

(en inglés y alemán)

Si atendemos a la idea expuesta a partir del minuto 7,40 de su intervención, veremos que las afirmaciones acerca de política y crimen o política y negocio que parecen perturbar a Presno, no es que a muchos ya no les parezcan disparatadas, sino que viajan a bordo de un tren de alta velocidad camino de su legitimación ideológica.

Como puede verse, Fraser halla la dinámica que denomina “mercantilización ficticia” (fictitious commodification) en la raíz de la crisis. Tal dinámica consiste en el intento de mercantilizar todos los elementos que operan como presupuestos (preconditions) de la producción de los verdaderos bienes y servicios, entregándolos a las fuerzas de unos mercados que se dicen “autoregulados”; los presupuestos citados por aquélla son la fuerza de trabajo, la naturaleza (en la que, supongo, incluye la energía) y el dinero, pero creo que podría añadirse sin dificultad el conjunto de realizaciones y logros que la sociedad en su conjunto ha ido poniendo a disposición de todos a lo largo del tiempo incluyendo, singularmente, la organización social y jurídica.

Entonces, ¿de qué extrañarse ante afirmaciones como las señaladas por Presno en su artículo? Es cierto que cada vez con mayor intensidad se viene considerando que todos y cada uno de esos elementos subyacentes que operan como presupuestos de la producción son también bienes sometidos a las reglas del mercado, es decir, que se compran y se venden. Desde esa posición ideológica (aunque muchos de quienes la sostienen piensen que ellos no tienen ideología, que ya sólo en algunos países queda ideología, y así les va…) es coherente terminar por pensar que la política, como todo lo que se compra y se vende (es decir, como “todo”), es sólo un negocio más. Que vamos por ese camino muchos lo vienen demostrando hace tiempo, no sólo desde la corrupción, en los casos más graves, sino desde la falta de empatía hacia quienes tienen menos poder; estoy seguro de que el sonoro “¡que se jodan!” o el despectivo “como si tienen que irse a Finlandia” con que nos atragantaron hace no tanto siguen sonando en los oídos de muchos.

La reacción química funciona en dos sentidos y en ambos es igual de peligrosa, porque la consideración del orden político como un producto de mercado supone la disolución de la política en los negocios, pero, a la vez, la disolución de los negocios en la política, es decir, que el gran poder económico se convierta completamente en una carta de naturaleza que permita a su minoría de poseedores decidir sobre cuanto afecta a toda la comunidad y, en última instancia, sobre el destino de los otros.

Por tanto, si ese es el camino que llevamos, pienso que nadie debe tener dudas de que no sólo nos dirigimos hacia el vaciamiento constitucional, sino de que, desde la más pulcra justificación ideológica y en nombre de la libertad de comprar y vender, acabarán quebrando el espinazo moral de nuestra sociedad, si es que aún queda algo de él. Menos mal que todo lo que no es sostenible acaba por hacerse el hara-kiri con su propia absurdez o su propia insidia.

 

Foto: vavel.com

DE LA MOSCA TSE – TSE Y AMNISTÍA INTERNACIONAL

En la época en que empecé a escribir este blog, hace algo más de tres años, no llegué a pensar que en él acabaría dedicándome una y otra vez a temas como este. Pero en fin, han pasado ya muchas décadas desde hace tres años.

Dada la pasividad que está mostrando Amnistía Internacional en el problema de las tasas judiciales, pido a todo el que lea este post y esté en contra de ese desafuero, que ya está haciendo inaccesible para muchos algo tan básico como el derecho de defensa ante los Tribunales, que copie el texto que figura a continuación – en el más puro estilo AI – y lo envíe por correo electrónico a: info@es.amnesty.org

¡A ver si se arrancan de una vez!

Gracias.

Foto: nature.com

 

Hola Amnistía Internacional,

La historia de Sonia me sobrecogió cuando la leí por primera vez – v. http://www.betera.com/2013/02/22/betera-se-vuelca-con-sonia/ – .

Sonia es una niña de siete años que nació con numerosas malformaciones. Sus padres, convencidos de que los médicos actuaron con negligencia al no detectar todos los problemas durante la gestación, emprendieron hace unos años una batalla en los tribunales, que hasta ahora les ha causado más decepciones que alegrías. Tras dos sentencias en contra, la Audiencia Provincial los ha condenado a pagar las costas, nada más y nada menos que 65.000 euros, imposibles de asumir para esta familia.

La única solución es seguir recurriendo, esta vez al Tribunal Supremo, pero para ello la nueva ley de tasas judiciales puesta en marcha por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, les ha exigido 7.000 euros sólo en tasas, cuando Sonia y sus padres llevan viviendo más de un año con la familia porque no podían pagar la hipoteca de su vivienda.

La acelerada reforma de la nueva ley de tasas, llevada a cabo mediante Real Decreto-ley el pasado 22 de febrero, no ha mejorado sustancialmente las cosas para Sonia ni para tantas otras personas que continúan viéndose en situaciones desesperadas. Además de seguir siendo discriminatoria – si las secuelas de Sonia se hubieran debido a un accidente de circulación su caso estaría exento de tasas judiciales –, la nueva regulación de las tasas judiciales supone que la familia de esta niña tendría que abonar, como mínimo, unos 3.200 euros para tener derecho a que el Tribunal Supremo escuchara su caso. Ni que decir tiene que esta cantidad sigue estando fuera del alcance de la familia de Sonia.

Con tu apoyo, Amnistía Internacional, podemos hacer que Sonia y otras personas como ella tengan en adelante la oportunidad de defenderse que ahora mismo la ley les niega.

IMPLÍCATE DE UNA VEZ EN EL TEMA DE LAS TASAS, Amnistía Internacional, lo que también servirá para recordar al Gobierno español que no vamos a parar hasta lograr que la sentencia de muerte que ellos han dictado contra derecho de defensa en este país sea conmutada.

Gracias por tu solidaridad.

 

Firmado: Las personas de la calle que tratan de defender los derechos humanos que no preocupan a las ONG

CARTA ABIERTA A AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LAS TASAS JUDICIALES

Os escribo como simpatizante de AI desde antiguo porque he vuelto a constatar que, salvo error mío, entre las campañas que actualmente estáis llevando a cabo no hay ninguna en relación con las polémicas tasas judiciales que han entrado en vigor recientemente.

La cuantía exorbitante de las mismas, junto con su evidente carácter recaudatorio y su configuración como un presupuesto de acceso a los tribunales, constituye una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que nos afecta a todos en el marco de la crisis económica galopante que padecemos, pero, sobre todo, a las individuos económicamente más desfavorecidos. En efecto, para cualquiera que no disponga de una posición económica mínimamente confortable, tener un «tropiezo» con una aseguradora, una gran constructora o un banco puede significar verse obligado a «contentarse» con lo que esos gigantes se dignen a ofrecerle, ya que el alto coste de las tasas judiciales hará inviable su acceso a la justicia. Eso supone, lisa y llanamente, que las tasas arrojan a la indefensión a los más humildes.

Ahora bien, la cuestión no queda ahí. La ley contempla unas cuantas exenciones a la aplicación de la tasa – por ejemplo, para los beneficiarios del derecho a justicia gratuita -, pero también exige el reconocimiento formal de tal derecho – lo que no es inmediato ni mucho menos, pues exige valorar una serie de documentos que debe aportar el justiciable –. El resultado es que, si uno no dispone del dinero para pagar la tasa ni tiene reconocido el derecho a litigar gratuitamente, simplemente no puede acceder a los tribunales de justicia de nuestro país. Lo anterior es extremadamente grave en caso de necesitar tutela judicial urgente o cuando los plazos procesales aplicables son breves, como en el caso de recursos o demandas sujetas a caducidad, ya que el transcurso de los mismos significa, sin más, perder la oportunidad de defender los propios derechos.

Pero lo que es de por sí grave puede convertirse en dramático en el caso de procedimientos de extranjería como expulsiones. Y es que, al parecer, ya se están produciendo expulsiones de inmigrantes “sin papeles” que, por supuesto, no disponen del importe de la correspondiente tasa (unos 400€) ni, aunque los tuvieran, podrían llevar a cabo su ingreso – obligatoriamente por vía  bancaria -, por carecer de NIF, ni tampoco pueden solicitar el beneficio de justicia gratuita, precisamente por no tener «papeles».

En resumen, la ley de tasas judiciales constituye un auténtico atentado contra los principios democráticos en España, cuyas consecuencias quizás ya se puedan calificar de drama humano.

Por eso, desde aquí os pido públicamente que AI inicie inmediatamente una campaña internacional de información y de recogida de firmas contra este ataque contra los Derechos Humanos que se está cometiendo en nuestro país.

Creo que sería un grave error para una organización como AI el adoptar una actitud pasiva ante un atropello de esta envergadura y permitir que la lucha contra él se lleve a cabo exclusivamente por personas que, espontáneamente, actúan movidos por su conciencia social. La consecuencia de tal actitud por vuestra parte podría ser que, una vez pasada la tormenta – la esperanza es lo último que se pierde –, os encontréis con os habéis quedado sin sitio como defensores de los Derechos Humanos.

 

Propongo que cualquiera que tenga conocimiento de un caso de indefensión por carecer de dinero para pagar la tasa judicial lo comunique, con todos los datos posibles, a Amnistía Internacional.